Lejos de los reflectores que suelen concentrarse en el narcotráfico, el oro ilegal se ha consolidado como uno de los negocios criminales más rentables de Colombia. Una investigación del centro de estudios e incidencia Valor Público, de la Universidad EAFIT, estima que esta economía mueve cerca de US$3.500 millones al año, genera un valor agregado de alrededor de US$3.000 millones y ya representa el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Su tamaño es comparable al de las exportaciones de café y equivale a cerca de un tercio de la economía de la cocaína.
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El estudio señala que Colombia no cuenta con una estimación oficial sobre el tamaño de esta actividad ilegal. Por ello, los investigadores construyeron un cálculo a partir de información pública, utilizando datos de producción minera, comercio exterior e imágenes satelitales para dimensionar el impacto económico del oro extraído de manera ilegal.
Además del valor económico, la investigación concluye que esta actividad financia a grupos armados y permanece oculta dentro de la cadena formal de comercialización del oro. A diferencia de la cocaína, cuyos mayores ingresos se generan fuera del país, el dinero del oro ilegal permanece casi en su totalidad en Colombia.
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Uno de los principales hallazgos de la investigación es que cerca del 72% de las exportaciones legales de oro de Colombia corresponde realmente a oro ilegal blanqueado. Es decir, metal extraído de manera ilícita que obtiene apariencia legal antes de salir del país.
Según el estudio, durante 2023 Colombia exportó formalmente alrededor de US$3.400 millones en oro, pero aproximadamenteel 72% de ese metal habría adquirido documentos legales durante el proceso de comercialización. Solo el 28% tendría un origen plenamente verificable. Aello se suma un volumen adicional de oro que sale del país mediante contrabando, valorado entre US$600 millones y US$1.600 millones.
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Los investigadores sostienen que el proceso de legalización ocurre principalmente cuando comercializadores, plantas de beneficio y fundidoras incorporan oro de origen incierto a la cadena formal de suministro, convirtiéndolo en un producto exportable con documentación legal.
La estimación se apoya en la información del programa EVOA, desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas, que monitorea mediante imágenes satelitales la explotación de oro de aluvión.
En 2023 fueron identificadas 105.060 hectáreas de minería de oro de aluvión en Colombia. De esa superficie, 76% correspondía a explotación ilícita o no autorizada, mientras únicamente el 20% tenía permisos ambientales y técnicos.
Las principales zonas de concentración se encuentran en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, las tierras bajas del Pacífico chocoano y el sur de Bolívar.
A partir de la productividad observada en minas legales, se calcula que la minería ilegal produjo cerca de 40 toneladas de oro aluvial. Sumando la extracción subterránea y el metal que salió por contrabando, el volumen total de oro ilegal comercializado durante 2023 habría alcanzado aproximadamente 55 toneladas.
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El estudio destaca una diferencia fundamental entre el oro ilegal y la cocaína: el destino del dinero.
Mientras el narcotráfico obtiene buena parte de sus ganancias durante el transporte y la distribución internacional, el oro se comercializa al precio internacional desde el momento en que sale del país. Por ello, casi todo el valor económico permanece en Colombia y beneficia a quienes controlan la extracción y el comercio ilegal.
Aunque la economía del oro ilegal representa alrededor del 0,8% del PIB, frente al 2,5% estimado para la cocaína, el estudio considera que los recursos que finalmente reciben los grupos criminales son mucho más cercanos de lo que reflejan esas cifras. Incluso, la Organización de los Estados Americanos (OEA) identifica al oro como la principal fuente de financiación de varios grupos armados, por encima del narcotráfico.
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La investigación de la Universidad EAFIT arrojó que la participación del oro ilegal en la economía colombiana casi se duplicó entre 2014 y 2023, al pasar de cerca de 0,4% a 0,8% del PIB.
El crecimiento respondió tanto a la expansión de la minería ilegal como al aumento del precio internacional del oro. Durante ese periodo la superficie dedicada a explotación ilegal creció alrededor de un tercio, mientras nuevos frentes mineros aparecieron especialmente después de 2019.
El estudio dedica un apartado al caso de Buriticá, Antioquia, donde señala que el Clan del Golfo controla cerca del 60% de los túneles ilegales dentro de la operación de la minera china Zijin.
Durante 2023 los mineros ilegales habrían extraído alrededor de tres toneladas de oro, valoradas en unos US$200 millones, mientras la organización criminal obtendría cerca del 10% de esa producción como pago por permitir el acceso a los túneles bajo su control.
Asimismo,Panamá sería una de las principales rutas para el contrabando de oro colombiano, incluyendo operaciones en las que el metal es enviado al exterior presentado como joyería para evadir controles.
Como conclusión, los investigadores sostienen que combatir la minería ilegal exclusivamente en los frentes de extracción resulta insuficiente debido a la facilidad con la que estas operaciones pueden desplazarse.
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En cambio, plantean que los mayores esfuerzos del Estado deberían concentrarse en los comercializadores, plantas de beneficio y fundidoras donde el oro adquiere apariencia legal antes de ser exportado.
Fortalecer la trazabilidad en esos puntos permitiría reducir el blanqueo del metal ilegal y afectar una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en Colombia, especialmente en un contexto de altos precios internacionales del oro.
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