Desde hace varias semanas, una de las universidades más prestigiosas de América Latina está en medio de un torbellino: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvo que posponer el inicio del semestre por irregularidades en el examen de ingreso a la licenciatura. Por primera vez en su historia, la prueba se aplicó de forma digital y remota para casi 160 mil aspirantes, con resultados positivos atípicos.
Para postulantes a médico cirujano, el promedio de aciertos —entre 59 y 62 de 120 posibles entre 2021 y 2025— se disparó este año a 78, y el mínimo para obtener un lugar llegó a un récord de 117 aciertos. En la carrera de Actuaría el promedio saltó de 67 a 82, y en Ingeniería Aeroespacial, de 67 a 78, un desplazamiento sin precedentes.
Ese hallazgo obligó a la UNAM a tomar una dura decisión: más de un tercio de los aspirantes originales repetirán el examen. Es posible que algunos de los casi 22.000 jóvenes que ya habían festejado su ingreso queden finalmente fuera. El inicio de clases, previsto para el 10 de agosto, se aplazó al 31 de este mes.
Expertos consultados por DW consideran que, más allá de los errores administrativos o tecnológicos de la plataforma contratada por más de cinco millones de dólares, la crisis refleja un problema mucho más profundo en la educación superior mexicana.
"Yo veo tres errores", dice Bernardo Naranjo, exconsejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y director de Proyecto Educativo S.C., en entrevista exclusiva con DW. "Uno tiene que ver con implementar un proceso tan grande y complejo sin un piloto previo."
El segundo fue la seguridad de la prueba, critica: "Se queda corta ante estándares internacionales. En Estados Unidos hay supervisión a distancia de una persona por cada cuatro o seis aspirantes; aquí, una por cada 150."
El tercer error: "No auditar estadísticamente los resultados antes de publicarlos".
Pese a ello, Naranjo destaca una reacción poco común en México: "A diferencia de la vasta mayoría de instituciones públicas, la UNAM reconoció que se equivocó y convocó a una comisión de gente que sabe" sobre el tema.
Para el futuro, el incidente deja, según el experto, una lección para todo el sector educativo que necesita robustecer su sistema de evaluación. "Se tienen que hacer exámenes digitales con protocolos más rigurosos", advierte.
En la parte sur de la Torre de la Rectoría de la UNAM, un mural escultopictórico de David Alfaro Siqueiros titulado "El Pueblo a la Universidad, la Universidad al pueblo", de 304,15 m².Ian Murray/imageBROKER/picture alliance
Según Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía e investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE-UNAM), el examen es apenas el síntoma visible de algo mayor: "Es la punta de un iceberg. Todo este conjunto de errores refleja un problema de otra magnitud en el mecanismo de ingreso: no sobran estudiantes, faltan lugares", afirma, en entrevista con DW.
Díaz Barriga apunta además a un desequilibrio de poder dentro de la propia universidad. Dice que "el Gobierno ha dejado que se haga mal uso de la autonomía universitaria, que ha sido utilizada para que ciertos grupos se apoderen de la universidad y muevan las elecciones para Rector entre ellos mismos".
Repasa la lista de rectores recientes —casi todos de la Facultad de Medicina— y resume: "Es el gobierno de los médicos", lo que frena, según él, el debate libre de ideas. Por ello considera necesario que el Congreso mexicano revise la Ley de Autonomía Universitaria, aunque admite que solo plantearlo "crearía un movimiento nacional por tocar la autonomía sagrada".
El escándalo tuvo, además, una cara muy visible en las redes sociales. Decenas de aspirantes presumieron en TikTok haber usado ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial (IA) para responder el examen, mientras circulaban videos con trucos para burlar la videovigilancia, como, por ejemplo, girar 180 grados la cámara web.
Según una investigación del periódico Excélsior en chats de WhatsApp y Telegram, grupos privados vendieron paquetes de preguntas filtrados por una suma de 200 hasta 1.500 pesos. Un análisis detectó que en Medicina el porcentaje de aspirantes con más de 100 aciertos pasó del 9 por ciento en 2025 al 30 por ciento en 2026.
"En nuestra sociedad no hay una condena expresa contra la trampa; a veces hasta se ufanan de haber logrado algo sin merecerlo", lamenta Naranjo ante DW. Recuerda que, en EE. UU., hacer trampa en el ámbito académico conlleva "castigo severo, expulsión, suspensión de un año o el retiro del título", y celebra que la UNAM haya dado "una buena señal" en no tolerar la trampa.
Ambos coinciden en el fondo del problema: México no ha creado suficientes universidades públicas de calidad. Díaz Barriga recuerda que "la última universidad pública que se fundó en la zona metropolitana es la Autónoma Metropolitana, en 1974", y cuestiona instituciones nuevas como la Rosario Castellanos, creada en 2019 por la entonces Jefa de Gobierno de la capital, y actual presidenta e México, Claudia Sheinbaum.
La Universidad Rosario Castellanos tiene varios planteles en la capital, ofrece estudios gratuitos, sin examen de admisión y con validez oficial. Pero Díaz Barriga cuestiona: "¿Cuánto personal de tiempo completo tiene? ¿Qué espacios de investigación? No tiene".
Naranjo coincide al hablar de las Universidades Benito Juárez, impulsadas por el gobierno federal: "No son una alternativa. Son escuelas que ni siquiera tienen instalación propia; funcionan en turnos vespertinos, con profesores bajo honorarios que a veces ni reciben sus pagos a tiempo."
La responsabilidad, dice, recae en el Estado. Mientras el gobierno siga apostando por la cantidad, antes que por el rigor académico, advierten ambos expertos, cada mes de julio, la UNAM volverá a ser el escenario de una crisis que, en el fondo, no le pertenece solo a ella.
Según un análisis de 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México invierte 3.650 dólares en cada estudiante desde la primaria hasta la universidad. Esta cifra es casi cuatro veces más baja que los 13.210 dólares que en promedio gastan los demás países de la OCDE.
(cp)