El presidente chileno José Antonio Kast anunció el miércoles en un mensaje al país que impulsará un paquete de reformas en el Congreso para combatir el crimen organizado, una de sus principales promesas durante la campaña electoral.
Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, asumió el poder en marzo con el compromiso de poner en marcha un gobierno de "emergencia" que combatiera con mano dura la delincuencia y la migración irregular.
Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.
Su tasa de homicidios fue de 5.4 por cada 100,000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.
"Son más de 30 proyectos, algunos ya en el Congreso (...) y otros que presentaremos en los próximos días, que van a cambiar la forma en que enfrentamos al crimen organizado en Chile", dijo Kast en un mensaje televisado.
El presidente anunció que enviará una reforma para agregar en la Constitución que el Estado tiene "el deber" de resguardar la seguridad de las personas.
Eso "nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen. Pertenecer a una organización criminal va a ser, por sí solo, un delito con penas agravadas", aseguró el mandatario.
Además, reiteró su intención de ampliar el periodo de retención de migrantes irregulares, cuyo plazo actual es de cinco días, y aumentar "la capacidad de expulsión efectiva" de indocumentados, sin entregar más detalles.
Dijo que endurecería las penas para quienes capten menores para integrar sus organizaciones criminales y que ampliaría el plazo de flagrancia de delitos de 12 a 24 horas para facilitar las detenciones.
Criticado por la falta de resultados rápidos en su política de "mano dura" contra el crimen, Kast pidió la renuncia de su primera ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, tras solo 69 días en el poder.
En julio, el Congreso de Chile aprobó casi la totalidad de una megarreforma legislativa que le otorga beneficios tributarios a grandes empresas y con la que el gobierno busca cambiar el rumbo económico del país. El martes pasó el último punto de la norma.