El Congreso chileno despachó el martes a ley una amplia reforma impulsada por el presidente José Antonio Kast, que busca reimpulsar el crecimiento económico en el mayor productor mundial de cobre, con recortes tributarios e incentivos a la inversión.
Sin embargo, su aplicación definitiva sufrirá un retraso debido a que el gobierno buscará eliminar mediante veto algunos artículos que fueron introducidos en el debate legislativo, mientras otras normas tendrán un examen de legalidad ante el Tribunal Constitucional.
"Con esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer, vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso", dijo a periodistas el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz tras la aprobación.
"Después de esta iniciativa, vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento", agregó.
La llamada "megarreforma" es el proyecto económico emblemático de Kast, quien asumió la presidencia en marzo prometiendo una reactivación de la economía local luego de años de bajo crecimiento.
Algunos expertos han señalado que el gobierno podría aplicar una promulgación parcial del proyecto para agilizar la aplicación de las modificaciones que no tuvieron objeciones en su tramitación.
La reforma —cambia 36 leyes y 15 decretos— incluye una rebaja gradual del impuesto a las empresas para llegar al 23% en 2029, desde el actual 27%. Los adversarios cuestionan que no existen las garantías de que se traduzca en mayores niveles de inversión, como plantea el gobierno.
Además contiene otra amplia variedad de temas, desde atención a zonas dañadas por incendios hasta la relocalización de concesiones acuícolas.
Quiroz confirmó que el gobierno buscará eliminar los artículos de derecho al olvido financiero, cobros de intereses sobre intereses y los ajustes para los pagos a las pymes en 30 días, lo que igualmente tendrá que ser revisado por el legislativo, sin un plazo claro.
Por su parte, el Tribunal Constitucional está revisando peticiones formuladas por la oposición que cuestionan artículos sobre concesiones de acuicultura, procedimientos de calificación ambiental (incluida la indemnización a inversionistas) y la invariabilidad tributaria para nuevas inversiones. El poco margen con el que el proyecto finalmente avanzó el mes pasado planteó interrogantes sobre la solidez de las reglas de juego a la inversión que constituyen el núcleo de la reforma, señalaron analistas.
Mariano Machado, de la consultora Verisk Maplecroft, afirmó que la votación convirtió el proyecto en una "prueba de credibilidad" para la capacidad de Chile de ofrecer certidumbre de largo plazo en materia de políticas públicas.
Si bien algunas medidas podrían contribuir a atraer inversiones, su valor podría verse erosionado con nuevas impugnaciones judiciales, disputas fiscales o futuras batallas políticas, agregó Machado.
"La verdadera pregunta es si Chile está reconstruyendo la certidumbre regulatoria o creando otro ciclo de reglas temporales", señaló.