Ciudad de México, 4 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este martes un decreto para ampliar la transparencia del Gobierno federal, con nuevas reglas para publicar contratos, información de filiales de las empresas estatales y avances de auditorías, además de acotar los criterios para reservar información.
La gobernante mexicana afirmó que la medida busca impedir que la decisión sobre qué información se publica quede a criterio de cada funcionario y establecer lineamientos específicos para determinar qué puede reservarse por razones de interés público, seguridad nacional o por estar relacionado con procedimientos administrativos o judiciales.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto impulsa a las instituciones federales a publicar información adicional a sus obligaciones legales y fortalece la Plataforma Nacional de Transparencia, que, dijo, fue estabilizada después de su transferencia tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Buenrostro detalló que la plataforma incorporó nuevas herramientas de descarga y que, a más tardar en 30 días hábiles, sumará contenidos de interés público más completos y actualizados.
El decreto se concentra en cuatro frentes: contrataciones públicas, filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fiscalización y auditorías, y la incorporación voluntaria de otros poderes y niveles de gobierno al principio de máxima publicidad.
Entre los principales cambios, los contratos del Gobierno federal pasarán de publicarse cada tres meses a difundirse mensualmente.
En las estatales Pemex y CFE se incorporarán informes presentados ante agencias extranjeras, estados financieros, información sobre gobierno corporativo, políticas de operación y contratos de sus filiales.
En fiscalización se publicarán datos adicionales sobre el programa anual de auditorías, estadísticas, situación de las revisiones, seguimiento de observaciones y asignación de despachos externos.
Buenrostro señaló además que se busca limitar expresamente las reservas a los supuestos constitucionales de interés público y seguridad nacional.
Sheinbaum indicó que el decreto será incorporado posteriormente a una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia.
En la misma conferencia, la mandataria insisitió en su defensa a los lineamientos sobre derechos de las audiencias sometidos a consulta pública y negó que constituyan un mecanismo de censura.
Sostuvo que las posibles sanciones se limitarían a que los concesionarios no publiquen su código de ética, no nombren un defensor de audiencias o no establezcan un mecanismo de quejas.
Luisa María Alcalde defendió que los propios medios definirán sus códigos de ética y nombrarán a sus defensores, mientras la autoridad no determinará qué contenido es verdadero o falso.
Añadió que los lineamientos plantean identificar la publicidad pagada y distinguir, al inicio y al final de los programas, entre espacios informativos y de opinión, mientras la propuesta aún permanece abierta a observaciones ciudadanas.
(c) Agencia EFE