El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo el lunes que su país cerrará una era de "perversión" judicial con el fin del mandato de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Porras dejará el cargo el próximo sábado, tras fracasar en su intento por lograr un tercer período. Su salida es considerada clave por juristas internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en la justicia guatemalteca.
"Esta es la última semana de una etapa compleja de deterioro, de manipulación, de perversión de la justicia en nuestro país", afirmó en rueda de prensa el mandatario socialdemócrata. La saliente fiscal intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años.
Debido a ello y a múltiples procesos abiertos contra exfiscales antimafia, defensores de derechos humanos y periodistas, algunos exiliados, Washington y países europeos acusan a Porras de corrupta y antidemocrática.
Además, expertos de la ONU la vincularon recientemente con los procesos de adopción ilegales de al menos 80 niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal.
Guatemala requiere una justicia que deje de ser una "herramienta política para perseguir a quienes piensan diferente", sostuvo Arévalo.
Porras, de 72 años, será reemplazada por Gabriel Estuardo García Luna. El presidente lo nombró la semana pasada y asumirá el próximo domingo para un periodo de cuatro años.
Arévalo insistió en que el nuevo fiscal no llega para servirle al gobierno ni a "ningún interés político determinado", sino "para responder a la población".
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