Rodríguez acogió con satisfacción la decisión en una publicación y pidió a su homólogo estadounidense que retirara también a otros ciudadanos y organizaciones venezolanos de la denominada lista de personas especialmente designadas.
La primera administración Trump comenzó a imponer sanciones a Rodríguez ya en 2018. Esto significó que se congelaron sus activos depositados en Estados Unidos y se prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con él.
En aquel entonces, Washington acusaba a Rodríguez de haberse enriquecido a costa del pueblo venezolano y de haber participado en la destrucción de la democracia.
Sin embargo, desde que los comandos estadounidenses secuestraron al expresidente Nicolás Maduro en enero, Washington ve en él la solución. La administración Trump confía en que él sea quien, sin necesidad de una renovación total de la clase política, pueda abrir el sector minero y petrolero venezolano, de un valor incalculable, a los inversores estadounidenses.