Por Youssef Al Bouchi*
Tres reformas neoliberales moldearon las políticas económicas de México hasta 2018: la reforma del Artículo 27 de la Constitución de 1992, que posibilitó la privatización de tierras ejidales; la Ley de Minería de 1992, que priorizó las concesiones mineras privadas; y la ratificación del TLCAN en 1994, que legalizó la protección de los inversionistas mediante mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). Además de facilitar la privatización interna, estas reformas consolidaron protecciones legales para el capital transnacional —en particular, la inversión minera canadiense— que siguen limitando los esfuerzos contemporáneos hacia el postextractivismo.
A partir de un análisis de las reformas neoliberales, la expansión de la minería canadiense y las necesarias reformas recientes en el sector se sostiene que la influencia del capital transnacional sigue siendo uno de los principales obstáculos para la transición hacia el postextractivismo en México.
Darcy Tetreault señala que la neoliberalización de México expandió las tasas de extracción a dimensiones sin precedentes. Como lo muestra en la siguiente gráfica, la extracción de minerales metálicos en México pasó de 50 millones de toneladas métricas en 1980 a aproximadamente 225 millones de toneladas métricas en 2014. Esta frontera extractiva fue impulsada por tres empresas mineras mexicanas (propiedad de los tres hombres más ricos del país) junto con corporaciones de Estados Unidos y Canadá. El 40 % del capital canadiense en México se invierte en minería.
Fuente: Darcy Tetreault. (2025, noviembre 11). Mining and eco-territorial struggles in Mexico
Sol Pérez Jiménez indica que el Ministerio de Economía otorgó más de 45,000 concesiones (que abarcan aproximadamente el 5 8% del territorio nacional) entre 1988 y 2023. Afortunadamente, el impuesto de 2014 sobre las concesiones inactivas provocó una reducción en el número de concesiones, disminuyendo así su cobertura territorial al 11 % (una cifra que sigue siendo elevada).
Mientras tanto, El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) documenta 58 conflictos socioambientales relacionados con la minería en México, la cifra más alta de América Latina. La mayoría de estos conflictos (53 de 58) comenzaron a partir de 1980. La minería ha generado impactos profundos sobre las personas, el ambiente y los derechos humanos. En el área ambiental, provoca la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la alteración irreversible de los ecosistemas y la contaminación del suelo, el aire y las fuentes de agua debido al uso intensivo de sustancias químicas y al manejo de grandes volúmenes de residuos. En las comunidades, puede afectar la salud, los medios de vida y el acceso al agua, además de incrementar los conflictos sociales, el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de actividades tradicionales como la agricultura. Desde la perspectiva de los derechos humanos, estos impactos pueden traducirse en vulneraciones al derecho a un medioambiente sano, al agua, a la salud, a la alimentación, al territorio y, en el caso de pueblos indígenas, al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
Si bien el capital nacional sin duda desempeña un papel crucial en la influencia sobre la toma de decisiones públicas, los límites a la soberanía de los recursos de México se hacen bastante evidentes al examinar la influencia del capital canadiense.
A partir de 2024, el gobierno canadiense estima que 114 de sus compañías mineras operan en México. Esto equivale a la mitad de las compañías mineras presentes en toda Sudamérica. El gobierno canadiense apoya financiera y con diplomacia económica a sus compañías mineras en México, que representan alrededor del 75 % de las empresas mineras extranjeras en el país. Esto otorga a las empresas canadienses una influencia sustancial sobre el gobierno mexicano, especialmente porque México es el cuarto país más demandado del mundo en mecanismos ISDS, con reclamaciones presentadas por empresas mineras que representan 6,700 millones de dólares de los 13,600 millones de dólares por los que se ha demandado a México.
Aunque el gobierno canadiense pretende mostrar preocupación por el respeto de los derechos humanos y ambientales en el extranjero, las compañías mineras con sede en Toronto y Vancouver sacan partido de la violencia —ejercida tanto por el crimen organizado como el Estado— que existe en las comunidades locales donde operan.
Quizás el caso más emblemático de una empresa minera canadiense que desobedeció por completo tanto las sentencias judiciales mexicanas en su contra como la autonomía de una comunidad afectada sea el de la mina San Xavier, en San Luis Potosí. La empresa canadiense New Gold procedió a convertir el Cerro de San Pedro en una mina a cielo abierto, desafiando las sentencias judiciales que prohibían su operación y a pesar de la resistencia generalizada que las comunidades locales habían mantenido durante una década. Esta injusticia provocó una protesta masiva frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México en 2009, lo que condujo a la instauración del Día Internacional de Acción contra la Minería a Cielo Abierto, que se celebra en más de 50 países en todo el mundo cada 22 de julio.
Desde 2018, al menos tres momentos cruciales fueron trascendentales para la industria minera en México:
La suspensión de todas las nuevas concesiones mineras por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al asumir el cargo.
La reforma y posterior publicación de la Ley de Minería en 2023 que sustituyó numerosos elementos de la ley neoliberal de 1992. En particular, quitando el carácter preferente a la minería, prohibiendo la minería en áreas naturales protegidas, reduciendo la duración de las concesiones a 30 años, aumentando la regulación del uso del agua y exigiendo la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y afromexicanas cuando las concesiones afecten su territorio.
El lanzamiento en 2025 del Plan México que estipula que al menos el 50 % de las compras y el consumo nacional en sectores estratégicos deben ser "Hechos en México". Además, define los minerales como "la base de la economía".
En teoría, detener oficialmente el otorgamiento de nuevas concesiones mineras y transferir los derechos de exploración al Servicio Geológico Mexicano fue un paso en la dirección correcta; sin embargo, el problema evidente es que las concesiones existentes, que abarcan vastas extensiones del territorio mexicano, siguen vigentes.
Además, en entrevistas realizadas con miembros de CambiémoslaYa, informan que la versión final de la ley que se aprobó optó por protecciones más suaves que las existentes en la propuesta original enviada por presidencia en un esfuerzo por atenuar la intensa presión del sector minero para detener la reforma. El gobierno canadiense también ha sido abiertamente defensor de sus empresas frente a esa legislación. El hecho de que se presentaran aproximadamente 500 solicitudes de amparos por parte de empresas demuestra la oposición del capital extractivo a reformas que protegen los derechos humanos y ambientales. Y como se puede observar en los medios de comunicación afines a la minería, ahora se alienta a las empresas mineras canadienses a recurrir cada vez más a los mecanismos ISDS en lugar del sistema legal mexicano, especialmente después de la reforma judicial de 2025.
Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desestimado amparos presentados por las empresas mineras, todavía no ha resuelto la demanda de constitucionalidad de la ley. Además su implementación continúa detenida por la falta de reglamentación, ya que las secretarías de Medio Ambiente y Economía no han publicado los reglamentos respectivos. Mientras tanto, la postura de México sobre los regímenes de libre comercio es clara: más integración. Además de tener la tarea de salvaguardar y profundizar el comercio con Estados Unidos y Canadá, el ministro de Economía, Marcelo Ebrard, ha estado tranquilizando a los inversionistas mediante la simplificación y flexibilización de los procesos de permisos para proyectos mineros. Eufemismos para la desregulación.
Ebrard también ha liderado el proceso de elaboración de planes de acción conjuntos sobre minerales críticos con Estados Unidos y Canadá; su contenido se redactó sin la participación de la sociedad civil ni de las comunidades afectadas por la minería. Estos planes buscan reducir la dependencia de las importaciones chinas e impulsar una mayor integración de los minerales mexicanos en las cadenas de suministro norteamericanas, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿serán los recursos minerales mexicanos la base de la economía de México o de Estados Unidos y Canadá? Esto cobra especial relevancia dado que, en el país, existen 111 proyectos mineros para la transición energética, 34 de los cuales están liderados por empresas canadienses y 15 por empresas estadounidenses. La ambición del Plan México de crear cadenas de valor mineras nacionales deberá lidiar con el mandato del Pentágono de acumular reservas de minerales que genera competencia con la industria mexicana por esos recursos.
Hasta el día de hoy, persisten muchas de las injusticias estructurales y la violencia generadas en los últimos 30 años. El compromiso del gobierno de acabar con el neoliberalismo se ve obstaculizado por la continuidad institucional (marcos legales, protección a los inversionistas) y las presiones político-económicas (dependencia local de los empleos e ingresos mineros). Quizás el gobierno mexicano deba esforzarse por lograr una transición postextractivista: ir más allá de reformas superficiales y atreverse a desafiar al capital privado, tanto nacional como internacional y limitar los beneficios otorgados por décadas con legislaciones y medidas institucionales dirigidas a exigirles el respeto a los derechos humanos, al ambiente y a las comunidades afectadas por sus actividades.♦
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*Youssef Al Bouchi es doctorante de Geografía en la Universidad de British Columbia y pasante en PODER. Redes: @geopoliticalecology y @uselessbouchi