CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México esclarecer los asesinatos de los periodistas Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurridos en la misma semana, y de cinco más ocurridos en 2026.
Urgió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adoptar medidas urgentes y efectivas con el fin de proteger a quienes ejercen el periodismo y prevenir nuevos ataques contra la prensa.
"Resulta especialmente preocupante que las víctimas hubieran denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto y evidenciándose, por el contrario, deficiencias en la adopción de medidas adecuadas y efectivas para prevenir su consumación", declaró la CIDH.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicó que, de acuerdo con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de dicha Comisión, "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Hizo hincapié en que la violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura y tiene un triple efecto: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y viola los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Debido a lo cual hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas a hacer investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales acerca de los hechos ocurridos, incorporando la labor periodística de las víctimas como una posible línea de investigación, así como a identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables. Además, le instó a adoptar medidas de protección inmediatas y adecuadas en favor de sus familiares.
De igual forma, ante la grave situación de violencia registrada contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en lo que va del presente año, esta Relatoría reiteró su llamado a llevar a cabo, con carácter urgente, una evaluación integral de la efectividad de los mecanismos de protección existentes, para garantizar respuestas oportunas y prevenir futuros hechos de violencia contra la prensa en riesgo.
"La Relatoría Especial reitera su grave preocupación por el patrón persistente de violencia contra la prensa en la región. En México, con los casos de Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la cifra de periodistas asesinados durante 2026 asciende a siete", condenó.
El pasado 16 de julio de 2026 fue asesinado el periodista Josué Martínez Contreras en San Martín Texmelucan, Puebla. Según reportes públicos, dos personas a bordo de una motocicleta le habrían disparado y después huido del lugar. Era director del medio digital de comunicación "Noticias San Martín Texmelucan", dedicado a la cobertura de asuntos locales. En los meses previos habría denunciado públicamente amenazas e intimidaciones relacionadas con sus publicaciones.
"El Estado informó a esta Oficina sobre la articulación y colaboración entre la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, para la atención de familiares y el seguimiento de las investigaciones", indicó.
El 22 de julio de 2026 fue asesinado el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, luego de ser atacado con arma de fuego en San Pablo Etla, Oaxaca. De acuerdo con la información pública, se desempeñó como funcionario, siendo director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), autor de una columna política y de forma reciente como administrador de una página en Facebook dedicada al análisis político.
"Asimismo, un año antes habría denunciado ante las autoridades amenazas de muerte, las cuales atribuyó a una campaña de desprestigio presuntamente impulsada desde el gobierno estatal, sin que se le otorgaran medidas de protección", lamentó la CIDH a través de un comunicado.
El Estado informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión ha ejercido su facultad de atracción y que la familia se encuentra recibiendo atención por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas del Gobierno de México: "A su vez, la Oficina toma nota de la condena expresada por el gobernador de Oaxaca".
A los casos mencionados por la CIDH también se suman el de Carlos Castro, asesinado el 9 de enero en Poza Rica, Veracruz; el de Juan David Gámez, asesinado el 18 de marzo en Nuevo León; el de Roxana Rivera, asesinada en Veracruz; el de Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica; Alex Serna, asesinado en Zihuatanejo, Guerrero el 4 de julio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lamentó que en Colombia, el 18 de julio de 2026, fue hallado sin vida el periodista y locutor comunitario Jader Luis Durango. Él integraba el colectivo de comunicación Casup y era reconocido en el corregimiento de Batata por su trabajo en medios comunitarios de comunicación, por la formación de jóvenes en locución y comunicación y por el impulso de iniciativas comunitarias.
Señaló que el caso constituye el tercer periodista asesinado en Colombia durante 2026, los primeros fueron Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera. La Relatoría Especial advirtió que México y Colombia registran altos índices de violencia letal contra la prensa. Explicó que su situación evidencia la necesidad urgente de que ambos Estados, de acuerdo con sus contextos específicos, refuercen la implementación de todas las medidas estructurales a su alcance en materia de prevención, protección e investigación de estos crímenes.