"Ser pobre en una zona de desastre es una tragedia en sí misma. Quizás no se te cayó la casa, pero se te cayó la vida". Con esta frase, Omar Zambrano, fundador y economista jefe de ANOVA Policy Research, retrata una dimensión poco visible de la catástrofe provocada por el doble sismo del pasado 24 de junio en Venezuela.
Mientras las cámaras y la atención pública se concentraban en el devastador paisaje de las edificaciones derrumbadas a lo largo de la franja costera del estado La Guaira, otra tragedia se extendía silenciosamente entre más de cien mil personas que ya vivían en condiciones de alta vulnerabilidad en esa zona. Son ciudadanos que, sin haber perdido necesariamente su vivienda, vieron derrumbarse sus ingresos, medios de subsistencia, acceso a servicios vitales como agua, saneamiento y electricidad, así como a la educación, la salud y el transporte.
Así lo revela el estudio "Doblete sísmico: población vulnerable, distribución de daños y priorización territorial en La Guaira", publicado el pasado 23 de julio por ANOVA Policy Research. Al cruzar la evaluación satelital de daños en edificaciones del Microsoft AI for Good Research Lab con un Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), el estudio encontró que el mapa territorial de daños físicos no coincidía con el mapa de la fragilidad social de las poblaciones del litoral guaireño.
Voluntarios acarrean escombros tras el doble sismo en Venezuela, en la ciudad de La Guaira.Ariana Cubillos/AP Photo/picture alliance
Esta disparidad, señala el informe, constituye un insumo determinante en el diseño de una respuesta calibrada, oportuna y pertinente para todas las víctimas de la tragedia: "Si la estrategia de política pública y la movilización de recursos de cooperación internacional atienden exclusivamente las zonas de devastación física causada por los terremotos, quedarán estructuralmente desatendidos los efectos sociales del colapso del circuito económico de La Guaira".
Omar Zambrano, coautor del estudio de ANOVA, conversó con Deutsche Welle sobre las conclusiones más relevantes de esta investigación, algunas de las políticas públicas que podrían derivarse de sus hallazgos y las debilidades estructurales del Estado venezolano para diseñar e implementar este tipo de respuestas.
El estudio de ANOVA estima que, antes del doble sismo, 187.305 de los 310.592 habitantes de las siete parroquias de La Guaira vivían en condiciones de vulnerabilidad social. La reconstrucción, por tanto, tendrá lugar en un territorio donde la fragilidad social no es marginal, sino la condición predominante.
Para identificar prioridades y tipos de atención, los investigadores cruzaron los datos de vulnerabilidad social con los de daño físico y clasificaron los resultados en cuatro grandes cuadrantes.
En un extremo se encuentran los cuadrantes III y IV, que agrupan a los sectores de menor urgencia relativa. El cuadrante III reúne a 59.766 personas, equivalentes al 19,2 por ciento de la población. Concentrado principalmente en el corredor costero de segundas residencias turísticas, corresponde a hogares ubicados en zonas de alto daño físico, pero con una mayor capacidad para absorber pérdidas de ingresos. El cuadrante IV, por su parte, agrupa a 32.920 personas con baja vulnerabilidad y bajo daño físico.
Delcy Rodríguez visitó La Guaira, afectada por el doble terremoto. (25.06.2026).Government Ministry of Information Venezuela/UPI Photo/IMAGO
En el otro extremo aparece el cuadrante I, donde se produjo la tormenta perfecta. Allí se concentran 105.681 personas, equivalentes al 34 por ciento de la población analizada, con una alta vulnerabilidad social y un elevado nivel de daño físico. Según el estudio, este es el grupo de atención más urgente, ya que combina necesidades de refugio y reposición habitacional con requerimientos inmediatos de protección social.
Pero el hallazgo más llamativo del estudio se encuentra en el cuadrante II. Aquí se concentra el grupo más numeroso: 112.225 personas que habitan en zonas de alta vulnerabilidad social, pero con bajo nivel de daño físico. Representan el 36,1 por ciento de la población analizada. Para ANOVA, estas personas constituyen el grupo con mayor riesgo de ser desatendidas si la respuesta estatal se concentra exclusivamente en las viviendas destruidas.
Zambrano sostiene que, a pesar de que miles de personas de este grupo conservan su hogar, han visto desaparecer de un momento para otro sus medios de vida. "Gran parte de la fuerza laboral de La Guaira trabaja para instituciones públicas, para la gobernación, la alcaldía, el puerto o el aeropuerto. Esas cuatro instituciones están básicamente inoperativas o funcionan apenas parcialmente después del terremoto", afirma el economista.
A ello se suma el impacto del sismo en la economía informal y en las actividades vinculadas con el turismo. "Hay mucha gente que vivía del comercio informal, de las ventas en la playa o de las actividades relacionadas con el carácter turístico de la zona. Todo eso se murió", sostiene Zambrano, quien advierte que esa parte del circuito económico de La Guaira podría tardar años en recuperarse.
El sacerdote Fredy Lara reza entre los escombros tras el devastador terremoto en La Guaira.Juan Barreto/AFP
De acuerdo con el estudio, estos hogares vulnerables que conservaron su vivienda, pero perdieron sus medios de vida, requieren políticas urgentes de protección social y recuperación productiva diseñadas específicamente para su situación.
El primer paso, según Zambrano, debería ser levantar un registro directo de la población afectada que permita identificar quiénes perdieron sus ingresos, qué actividades económicas quedaron interrumpidas y cuáles hogares enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas. También sería necesario localizar, dentro de ese universo, a los hogares con niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.
Para proteger temporalmente los ingresos de los afectados, el economista propone un programa de transferencias monetarias directas, durante al menos un año, para compensar parcialmente ese deterioro económico. En el caso de los empleados públicos, plantea una política de reubicación temporal a otras tareas de la administración o del propio proceso de reconstrucción.
La recuperación también debería proteger a los negocios que sobrevivieron. Con base en la experiencia del terremoto de Haití, Zambrano advierte que una asistencia basada exclusivamente en la distribución gratuita de bienes puede terminar desplazando a comerciantes y productores locales, incapaces de competir con productos entregados sin costo. Por ello, sugiere canalizar una parte de los fondos de reconstrucción y ayuda a través de los comerciantes, transportistas, posadas, restaurantes y proveedores locales que sigan en pie.
Una devastación difícil de imaginar: La Guaira tras el doble sismo.Ariana Cubillos/AP Photo/dpa/picture alliance
Como lo señala el informe de ANOVA, los terremotos son fenómenos naturales, pero sus consecuencias humanas y económicas no lo son. Ante eventos de magnitud semejante, la mortalidad, las pérdidas y la velocidad de recuperación dependen en buena medida de la capacidad institucional del Estado para producir información, establecer prioridades y ejecutar respuestas oportunas.
Venezuela enfrenta esta tragedia con capacidades institucionales profundamente debilitadas. La falta de estadísticas territoriales actualizadas —Venezuela no publica una encuesta de hogares confiable desde 2015— sumada al deterioro de los equipos técnicos limita el diseño y la implementación de políticas focalizadas. Zambrano lo resume de manera categórica: "Es imposible que, bajo el actual estado de las cosas, este Gobierno pueda llevar a cabo una reconstrucción efectiva bajo criterios técnicos, siguiendo la evidencia. Están navegando a ciegas."
Esta debilidad institucional, advierte Zambrano, amenaza con amplificar las consecuencias del desastre. Si las familias que conservaron sus viviendas, pero perdieron sus medios de vida, no reciben un apoyo estatal decidido e inmediato, muchas podrían desplazarse hacia otras regiones o sumarse a una nueva ola migratoria. La despoblación privaría a La Guaira de trabajadores, consumidores y emprendedores indispensables para reconstruir su economía y terminaría agravando la tragedia que las políticas públicas estaban llamadas a contener.
(cp)