Ciudad de México, 28 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el Gobierno analiza las acciones legales que podría emprender tras el fallo de un tribunal internacional que resolvió parcialmente a favor de la estadounidense Vulcan Materials en un arbitraje por las restricciones a sus operaciones en Quintana Roo.
La mandataria explicó que la resolución, emitida en un procedimiento iniciado bajo el extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), permanece sujeta a un periodo de confidencialidad de 30 días, durante el cual ambas partes pueden evaluar la posibilidad de solicitar su nulidad.
"El Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del tribunal arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance. Todavía puede haber un periodo de solicitar la nulidad de esta resolución, tanto de Vulcan como del Gobierno mexicano", señaló.
El lunes, la Secretaría de Economía informó que el tribunal arbitral constituido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, desechó casi todas las reclamaciones presentadas por Vulcan Legacy LLC y únicamente dio la razón a la empresa respecto a la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica) en enero de 2018.
Según el Gobierno mexicano, esa reclamación representa menos del 1 % del monto originalmente exigido por la compañía, que reclamaba cerca de 1.700 millones de dólares.
"Se pedían como 1.700 millones de dólares y al final fueron como 150 millones de dólares lo que estableció", dijo Sheinbaum, quien destacó que la única medida por la que el tribunal responsabilizó al Estado mexicano corresponde a una clausura realizada durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La presidenta sostuvo que las restricciones posteriores a las operaciones de Calica respondieron a incumplimientos en materia ambiental y afirmó que el diálogo con la empresa continuará independientemente del resultado del arbitraje.
"Ellos tienen que resarcir el daño ambiental. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando esté clausurada la mina", afirmó.
Añadió que la empresa aún mantiene material extraído en el sitio y que las conversaciones buscan definir la forma en que cumplirá con sus obligaciones ambientales.
"Con esta resolución estamos en una condición diferente donde vamos a seguir dialogando. Siempre el diálogo, nunca se cierra esa posibilidad, siempre buscando la protección de las comunidades y del medio ambiente", sostuvo.
Sheinbaum también precisó que el litigio no afecta la propiedad de los terrenos ni la concesión portuaria de la empresa, que permanece vigente por varios años, y reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso con la inversión extranjera, siempre que se respeten la legislación ambiental y las reglas internacionales.
(c) Agencia EFE