El expresidente Juan Orlando Hernández regresa a Honduras después de recibir un indulto por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump, por delitos ligados a la narcoactividad y el tráfico de armas prohibidas, y por los que los que había sido condenado a más de 45 años de prisión por el juez Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hernández, quien recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025, había sido extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022.
Tras cuatro años de haber salido de Honduras, regresa el 26 de julio al país que, según analistas consultados por CNN, dejó polarizado y con problemas de inseguridad y pobreza que aún persisten.
"Honduras no ha cambiado desde que el expresidente fue extraditado. Todo sigue igual, impunidad, pobreza, delincuencia y polarización", dijo a CNN el analista económico Julio Raudales, quien consideró que Hernández "viene con toda impunidad, pues no fue juzgado por los delitos que se le imputan en Honduras como violación a la constitución y los señalamientos de corrupción en sus doce años de Gobierno".
"Él llega a un país que está en un total silencio en cuanto a sus casos, sobre todo por la tremenda crisis que generó en 2018 con su reelección ilegal y que prohibía la constitución", sostuvo Raudales.
Hernández, conocido también como JOH por las siglas de su nombre, apodo que adoptó para su campaña política en 2013, gobernó Honduras de enero de 2014 a enero de 2022, ocho años en los que los niveles de inseguridad alcanzaron cifras alarmantes: la tasa de homicidios se situaba en el orden de 41,7 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando salió de su mandato. Aunque ha disminuido respecto de ese pico, la cifra sigue siendo alta, con un 26,2 por cada 100.000 habitantes en 2024, el registro más reciente. Ambas tasas corresponden a estudios del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En cuanto a la pobreza, en la administración de JOH el 73,6 % del total de la población se encontraba en situación de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (2021), cifra que se vio agravada por la pandemia de covid-19.
Fue durante el Gobierno de Xiomara Castro, en 2025, que se logró bajar el índice al 60,1 % según cifras oficiales.
Para Raudales, esa mejora en las cifras no representa un avance para el país, ni una mejora en las condiciones de vida del hondureño. "En Honduras no pasó nada, no pasó nada, todo sigue casi igual después de la salida de Juan Orlando Hernández, los índices de pobreza han mejorado un poco pero el país sigue sumergido en el desempleo, en falta de oportunidades y en una pobreza que pese a las mejoras en los índices macroeconómicos del gobierno sigue muy alta".
El retorno de JOH a Honduras reactiva algunas divisiones entre sus simpatizantes del Partido Nacional que han interpretado su indulto y su retorno como una restitución del poder que tenía a lo interno del instituto político antes de su extradición.
El analista político Germán Licona considera que la llegada de Hernández al país creará un cisma al interior del Partido Nacional de Honduras, al que el expresidente pertenece. Es el espacio político que recibió el apoyo del presidente Donald Trump para que Nasry Asfura llegara al Poder Ejecutivo en sustitución de Xiomara Castro.
"Su llegada va a debilitar al Gobierno de Nasry Azfura, porque el clientelismo político que no ha podido incorporase va a utilizar el escudo de Juan Orlando Hernández para presionar por un puesto en el Gobierno", dijo.
El exmandatario también se encontrará con el descontento de sectores de la sociedad civil y de otros partidos políticos que cuestionan todo lo relacionado al cierre de su caso en Estados Unidos.
"Hay sectores políticos y sociales que están y siguen contra JOH, o sea, el hondureño de a pie no se va a alegrar con su regreso a Honduras", enfatizó Licona.
Licona considera que, si Hernández encuentra debilidad en el interior de su partido, tratará de retomar el poder para volver a hacer Gobierno.
"Si él ve la oportunidad y encuentra debilidad dentro de su partido, él se va a hacer del botín de dirigir y poner gente y así materializar el nuevo candidato presidencial para buscar la presidencia de la república", agregó.
Pero, antes de emprender cualquier actividad en su vida privada o política, Hernández deberá responder a una acusación en su contra por supuesta corrupción en los tribunales de justicia hondureños.
El exgobernante, junto a exfuncionarios de su Gobierno, fue acusado en su ausencia por la Fiscalía del Estado por medio de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) el 11 de octubre de 2023 en los tribunales de justicia por los delitos de lavado de activos y fraude contra el Estado debido al supuesto desvío de más de 62 millones de lempiras (unos US$ 2,4 millones) para su campaña política en 2013 cuando aspiraba por primera vez a la presidencia.
La apoderada legal del expresidente Hernández, Anguie Colindres Sánchez, dijo a CNN que su cliente se va a declarar inocente de los cargos en su contra. "Se declara inocente y prueba de eso es la predisposición de someterse a la justicia. Fue él mismo quien manifestó su interés de presentarse voluntariamente a los órganos de justicia", aseguró Colindres Sánchez.
El juez natural designado para el caso había librado orden de captura y alerta migratoria internacional para el exmandatario, pero el equipo de abogados de Hernández presentó un escrito pidiendo la suspensión de la orden de captura a cambio de su presentación voluntaria a los tribunales, prevista para el 3 de agosto.
Licona no cree que la justicia hondureña imponga una pena al exmandatario, dados los antecedentes que hay con los otros exfuncionarios que fueron acusados por la misma causa penal.
"Ya los demás imputados están gozando de medidas distintas de la prisión preventiva y eso nos indica que el caso del expresidente va correr la misma suerte"
Por su parte, la defensa del exmandatario espera la audiencia, según dicen, para presentar todos los medios de prueba y desacreditar los delitos por los que está acusado.
En tanto, el ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez ,y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, informaron a medios locales que Hernández contará desde su retorno al país con toda la protección de seguridad que, según ley, el Estado debe otorgarle a un a un exmandatario.
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